Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Por actos de discriminación, la diputada local de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Casandra de los Santos Flores, pidió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET) investigar el agravio cometido en contra del legislador Marco Antonio Gallegos Galván por Lidia Martínez López.
En la sesión de la Comisión de Estudios Legislativos del martes 28 de junio la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) se dirigió a su compañero con palabras degradantes y ofensivas, dando un trato de inferioridad al diputado que padece una discapacidad que le impide caminar.
“Así como a usted también compañero, yo por su discapacidad lo respeto. Si usted tuviera, o estuviera, o fuera una persona normal como yo, le contestaría, nada más por eso. Y aunque se ría usted aquí viene a trabajar, no a hacerle al payaso como siempre lo ha hecho”, le objetó la diputada que, además, encabeza la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso de Tamaulipas.
Ante esa actitud, la diputada Casandra pidió a la CODHET cumplir lo establecido en el artículo primero de la Constitución Mexicana y la normativa de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Tamaulipas.
En términos del artículo tercero de la Ley, queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico, nacional o regional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, el trabajo desempeñado, las costumbres, la raza, las ideologías o creencias, el peso, talla, los tatuajes, así como marcas o modificaciones en la piel, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Violando algunas de ellas la diputada panista al dirigirse de manera denigrante en contra del diputado de Morena.
A pesar de contar con la protección de “inviolabilidad parlamentaria”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que el contar con la inmunidad, ésta queda anulada cuando se violan los principios de la Constitución.
Ante ello, dijo la legisladora, el propio artículo primero constitucional, impone la obligación a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Por último, insistió que la CODHET debe actuar conforme a sus principios para reparar y sancionar los agravios en contra del diputado con diversas medidas administrativas, como lo es, la impartición a las personas o a las instituciones que sean objeto de una recomendación, de cursos o seminarios que promuevan la igualdad de oportunidades.